La ONU califica de arbitraria la detención de Pedro Castillo y pide su liberación inmediata
Foto: ANDINA/ Luis Iparraguirre
Un pronunciamiento de Naciones Unidas acaba de sacudir el debate político en el Perú. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria emitió una opinión oficial en la que concluye que la detención del expresidente Pedro Castillo, producida el 7 de diciembre de 2022 tras su fallido intento de disolver el Congreso, no siguió los procedimientos legales que corresponden y vulneró derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional.
El documento, dado a conocer por el medio Epicentro y confirmado por fuentes cercanas al entorno del exmandatario, señala que se violaron varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la libertad, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, el derecho a un tribunal independiente y el principio de presunción de inocencia. Además, identificó vulneraciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente en lo referido a la libertad personal y la igualdad ante los tribunales.
Qué le pide la ONU al Estado peruano
Las conclusiones del Grupo de Trabajo no se quedan en el papel. Los especialistas de Naciones Unidas instan al Estado peruano a disponer la liberación inmediata de Castillo y reconocen su derecho a exigir una reparación económica por los daños ocasionados durante su detención.
Asimismo, el organismo anunció que hará seguimiento al caso y solicitará información sobre las medidas concretas que adopte el gobierno peruano en respuesta a estas recomendaciones.
¿Y la discriminación por origen campesino?
Uno de los puntos más esperados del informe era la evaluación sobre si Castillo fue víctima de discriminación por su condición social y origen campesino. En ese aspecto, el Grupo de Trabajo fue claro: no encontró elementos suficientes para acreditar discriminación. Lo que sí identificaron fue, en sus propias palabras, un enfrentamiento continuo entre sectores con posiciones políticas opuestas, algo distinto a un caso de discriminación probada.
¿Obliga esto al Perú a liberarlo?
La pregunta que muchos se hacen es si esta decisión tiene peso real o es solo una recomendación sin consecuencias. Según Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, la respuesta es contundente: sí tiene carácter vinculante.
Rivera explicó que, si bien las opiniones de estos grupos de trabajo no equivalen a una sentencia judicial, su autoridad deriva directamente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que el Perú ratificó y que le da existencia y mandato a estos organismos. Al haber ratificado ese tratado, el Estado peruano está obligado a tomar en cuenta sus decisiones.
Lo que viene ahora es ver si el gobierno actúa en consecuencia o ignora el pronunciamiento. En cualquier caso, la ONU ya dejó su postura sobre la mesa y el Perú tendrá que responder.
