Un masivo operativo desplegado el martes en las favelas de Complexo do Alemão y Complexo da Penha, en el norte de Río de Janeiro, dejó al menos 64 personas muertas, entre ellas cuatro agentes de policía, según reportes oficiales.
La operación, catalogada por el gobernador Cláudio Castro como la más grande en la historia del estado, involucró unos 2.500 efectivos, helicópteros, vehículos blindados y drones. Fue dirigida contra la banda Comando Vermelho, que las autoridades acusan de haber lanzado explosivos desde drones y erigido barricadas en su defensa.
El Gobierno señaló que la acción respondía a una nueva realidad criminal, que va más allá del delito común y se acerca al “narcoterrorismo”. Sin embargo, organismos de derechos humanos y vecinos de las favelas vibraron alarmados: denuncian ejecuciones, falta de discriminación entre sospechosos y civiles, y el escenario como una “política de exterminio” disfrazada de seguridad.
La intervención coincidió con el acercamiento de la ciudad a importantes eventos internacionales, lo que genera preguntas sobre los motivos detrás del momento de la operación. Mientras tanto, miles de habitantes permanecen sin transporte, con escuelas cerradas y calles bloqueadas, mostrando las profundas consecuencias sociales de una estrategia de combate tan radical.
El desafío ahora se centra en si el Estado podrá sostener un control efectivo de esos territorios tras la operación —y, sobre todo, demostrar que no se trata solo de una respuesta militar sino de una estrategia integral para transformar las zonas históricamente desatendidas.