Ecuador condena a militares por desaparición forzada de cuatro niños en Guayaquil
Foto: VEFM
Este lunes 22 de diciembre de 2025, un tribunal penal de Guayaquil dictó sentencia en el caso conocido como Las Malvinas, resolviendo condenar a 11 miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador a penas de más de 34 años de prisión por su participación en la desaparición forzada de cuatro menores de edad ocurrida en diciembre de 2024, informaron fuentes judiciales y medios locales.
El caso se refiere a los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2024, cuando los adolescentes Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos por personal militar en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Sus cuerpos fueron hallados posteriormente en la zona rural de Taura, con evidencias de violencia y graves lesiones.
La Fiscalía General del Estado había solicitado penas de 34 años y ocho meses de cárcel para los autores directos del delito de desaparición forzada, considerando la condición de los menores y la participación de servidores públicos, lo que agrava la responsabilidad penal. Además de las penas privativas de libertad, se incluyeron solicitudes de sanciones económicas y medidas de reparación simbólica para las familias afectadas.
Durante el juicio, que se prolongó por varias semanas, se presentaron testimonios, peritajes forenses y reconstrucciones de los hechos. Las defensas de los militares habían intentado desacreditar los cargos e incluso plantearon argumentos sobre supuestas acciones de organizaciones criminales, pero el tribunal determinó la existencia de desaparición forzada con base en la evidencia recopilada.
El caso Las Malvinas causó conmoción nacional e internacional cuando las familias y activistas denunciaron la desaparición de los menores y exigieron respuestas y justicia frente a lo que calificaron como una violación grave de derechos humanos. Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que esta sentencia representa un paso importante hacia la rendición de cuentas, aunque también han pedido investigaciones amplias para otros casos similares en el país.
Las autoridades judiciales ecuatorianas han subrayado que este fallo busca enviar un mensaje de que los crímenes de lesa humanidad, especialmente aquellos contra menores, no quedarán impunes en el país, en un contexto donde la seguridad pública y el uso de fuerzas militares en operaciones de control social han sido objeto de debate.
